El vertedero era un gigante tóxico, clasificado como el quinto más grande del mundo, según el BID
Duquesa, el coloso de desperdicios en República Dominicana, revelaba una cruda realidad de más de tres décadas. Con millones de toneladas de desechos que se elevaban como montañas hasta donde alcanza la vista, el mayor vertedero a cielo abierto de América Latina y el Caribe resultaba inconfundible por su hedor y por los incendios que constantemente allí se daban.
Diariamente, cientos de camiones depositaban cerca de cuatro mil toneladas adicionales de basura, procedentes de diversos puntos de la capital y sus alrededores.
Duquesa era un gigante tóxico, clasificado como el quinto más grande del mundo según el BID, detrás de los vertederos de Yakarta, Nairobi, Lagos y el Gran Parche en el Pacífico, conocido por ser una isla de plásticos.
A tan solo un mes del inicio de la primera fase del cierre técnico del vertedero Duquesa, Michael Lee-Chin triunfa en un arbitraje contra el Gobierno dominicano, que deberá otorgarle una compensación de 43 millones de dólares más intereses. Esta decisión fue tomada por el Tribunal de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, en virtud del Tratado de Libre Comercio Caricom-República Dominicana.
En la encrucijada financiera dominicana, esos casi 2,500 millones de pesos superan el presupuesto de 1,900 millones para el Desarrollo Integral y Protección al Adulto Mayor y, enfocado en la Reducción del Embarazo en Adolescentes, podría cuadruplicar la inversión actual de 178 millones, solo por mencionar algunos casos.
Legado de corrupción y humo
Pero este no es único tema legal que se ha dado con Duquesa. Desde 1990, cinco presidentes han lidiado con el basurero: Balaguer, Leonel Fernández, Hipólito Mejía, Danilo Medina y Luis Abinader. Alcaldes de diversos partidos políticos han tenido que batallar y comprometerse mediante la firma de contratos con los administradores de Duquesa.
En 1995, el Congreso Nacional cedió los terrenos de Duquesa al Ayuntamiento de Santo Domingo para su conversión en un vertedero, dirigido por Fello Suberví Bonilla. Asimismo, el expresidente Joaquín Balaguer otorgó poder en octubre de 1995 a Dimas de Moya, administrador del CEA, para establecer, por contrato, la dación en uso de los terrenos.
En 2004, el vertedero de Duquesa pasó a la administración de Santo Domingo Norte (SDN). En ese mismo año pasó a ser administrado por un consorcio dominico-brasileño. El síndico de SDN para la fecha, Daniel Carvajal Lois, firmó un contrato de administración del vertedero por 20 años con el Consorcio Duquesa.
Esa administración señalaba, según los reportes periodísticos de la época, que tenía problemas para cubrir las operaciones, debido a la falta de equipos técnicos especializados.
En 2006, el ayuntamiento emitió una resolución que ordena la rescisión del Contrato Administrativo previamente firmado con el Consorcio Duquesa y otorga plenos poderes al entonces síndico para negociar y suscribir un nuevo contrato. El Estado dominicano y el consorcio fueron a una litis.
Posteriormente, en el 2007, el alcalde de SDN en ese momento, Jesús Félix, rescindió el contrato existente y adjudicó la gestión del vertedero a la empresa Lajún Corporation por un periodo de diez años, con un pago anual de 98.4 millones de pesos.
En 2009 se firmó una adenda para modificar el acuerdo entre la Alcaldía de SDN y Lajún Corporation. Para 2013, se desencadenó un prolongado proceso legal, porque la Alcaldía buscaba rescindir el contrato, alegando mal manejo de los lixiviados y del biogás, falta de una verja perimetral, entre otro aspectos.
A inicio del 2014, se llegó a un acuerdo transaccional y Lajún fue nuevamente contratada para administrar el vertedero. Francisco Fernández, el alcalde en ese momento, afirmó que los nuevos accionistas de Lajún cumplen con los requisitos técnicos y económicos.
La situación se descontroló, y los frecuentes retrasos en el vertedero de Duquesa tuvieron un impacto visible en las calles del Gran Santo Domingo.
En medio de los problemas judiciales entre los ayuntamientos y Lajún, se descubrió que el contrato de venta de los terrenos del vertedero era ilegal, debido a que no fue aprobada por la Cámara de Diputados.
La situación se volvió tan insostenible hasta el punto de que el Ministerio de Medio Ambiente militarizó Duquesa, y obligó a Lajun Corporation a garantizar la entrada y salida de camiones para el vertido de desechos sólidos hasta las 8 de la noche. Sin embargo, limitó otra vez el horario de vertido de residuos sólidos, además de cancelar los servicios a los municipios Santo Domingo Oeste, Los Alcarrizos y al distrito municipal Pantoja, y estableció la hora de cierre como las cuatro de la tarde.
Lo anterior resultó en una multa de RD$16 millones por parte del Ministerio de Medio Ambiente.
Incumplimiento de contratos
Otra controversia fue en 2017 cuando el entonces alcalde de Santo Domingo Norte, René Polanco, aseveró que la empresa había incumplido hasta esa fecha con 20 cláusulas del acuerdo entre Lajun Corporation y el Ayuntamiento de SDN. Las supuestas violaciones al contrato de administración del vertedero eran la construcción de una verja perimetral de 500 metros, control de manejo del biogás, manejo a cielo abierto de los desechos y la entrega del 5% de los ingresos a beneficio de la comunidad donde opera. Tras diez años de administración por parte de Lajún y siete años de conflictos legales, en el año 2017, el Tribunal Superior Administrativo emitió una medida cautelar, que transfería las operaciones del vertedero a un consorcio conformado por Medio Ambiente, el MSP y el ASDN.
