Comunitarios de Los Alcarrizos y el regidor Rafael Hernandez ( LEÑITA) denuncian adjudicación irregular de área protegida; piden intervención de Yeni Berenice y del presidente Abinader
Por Santiago Ureña
Los Alcarrizos, R.D. – Líderes comunitarios del municipio de Los Alcarrizos denunciaron este sabado la supuesta adjudicación irregular de un terreno clasificado como área protegida, ubicado en el kilómetro 17 de la autopista Duarte. El terreno, de 2,703.64 metros cuadrados, figura bajo el título de propiedad emitido a favor de la empresa Inversiones Milian, S.R.L., representada por Lucía Elizabeth Dohse Román.
El título, según documentos públicos, fue emitido el 14 de diciembre de 2016. Sin embargo, líderes comunitarios y organizaciones vecinales denuncian que el terreno en cuestión forma parte de una zona de amortiguamiento ecológica, la cual no puede ser objeto de apropiación privada.
El Dr. Cristian Ubri, presidente de una junta de vecinos del municipio y uno de los voceros del movimiento, junto al regidor y dirigente comunitario Rafael Hernández “Leñita”, hicieron un llamado urgente a la Procuraduría General de la República, dirigida por la magistrada Yeni Berenice Reynoso, para que inicie una investigación profunda sobre la legalidad de ese título y determine responsabilidades.
“Esta es una zona protegida, y no vamos a permitir que nos roben lo poco que queda de naturaleza. Estamos dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias, y ya nos hemos puesto a disposición de la justicia para colaborar con las investigaciones”, afirmó Ubri.
Desde el sector Pamarrejo Villa Linda, el comunitario Witon Núñez calificó el caso como «inaceptable» y pidió al presidente Luis Abinader que actúe de manera firme contra quienes se apropian de áreas comunes.
“Esto no se puede permitir. Los espacios verdes son del pueblo, no de grupos empresariales. El presidente debe intervenir”, expresó Núñez.
La situación motivó la presencia del director regional de la Policía Nacional en Santo Domingo Oeste, general Eduardo Escalante Alcántara, quien ordenó una fuerte vigilancia y el acordonamiento del área como medida preventiva ante cualquier incidente que pudiera surgir.
Los comunitarios anunciaron que mantendrán una vigilia permanente en la zona y no descartan realizar movilizaciones pacíficas si no se atiende su reclamo.
